La crisis de la pareja suele producir una ruptura de hecho en la que, ante la situación de tensión o de desapego, una de las partes sale del domicilio familiar y cuando eso ocurre se generan infinidad de dudas en cuanto a derechos y obligaciones de las partes, tanto del que se va como del que se queda
Entre las dudas que se generan respecto de la vivienda familiar hay una que es bastante frecuente y está relacionada con la salida de uno de los miembros de la pareja del domicilio familiar para instalarse en otra vivienda, ya sea esta de alquiler, de amigos o de algún familiar; y la pregunta recurrente es si quien se fue puede regresar para residir de nuevo en ella o recoger algún objeto personal.
Hay varias sentencias que se han pronunciado al respecto de este asunto, pues aunque no exista aún atribución del domicilio familiar a ninguna de las partes, sin consentimiento (sea este expreso o tácito) del miembro de la pareja que se queda residiendo en el domicilio familiar, no se puede acceder a la vivienda, so pena de incurrir en un posible delito de allanamiento de morada del artículo 202.1 del Código Penal: “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”.
La STS, Sentencia de Pleno, de 10 de julio de 2020 lo considera allanamiento de morada.
La STS, Sentencia de Pleno, de 10 de julio de 2020 (núm. 389/2020 – recurso núm. 2428/2018) considera la vivienda familiar como morada ajena, dado que la posesión de la vivienda la ostentaba de forma exclusiva la esposa quien, incluso, cambió la cerradura y esto hecho era conocido por esposo. Es indiferente que se ostente la copropiedad del domicilio familiar, no sirviendo de justificación para acceder el hecho de que o se tengan objetos personales en su interior y todo ello, incluso aunque no se hubiera atribuido su uso a ninguna de las partes mediante resolución judicial.
La dispensa de la obligación de declarar de la víctima constituida en acusación particular: doctrina de la STS de 10 de julio de 2020.
Esta sentencia es importante y muy interesante en cuanto analiza pormenorizadamente la dispensa de declarar (de la víctima constituida en acusación particular que se regula en el artículo 416.1 de la LECrm, concluyendo al respecto que no cabe el derecho a la dispensa de la testigo denunciante y lo fundamenta en que, en el momento de prestar declaración la víctima de los hechos enjuiciados, ya no estaba unida con el acusado por el vínculo del matrimonio, de manera que no le alcanzaba la dispensa legal.
La STS 10 de julio de 2020, sienta doctrina sobre el derecho a la dispensa de declarar de la víctima constituida en acusación particular y declara que las víctimas que se han constituido en acusación particular no pueden recuperar el derecho a la dispensa de declarar contra su pareja (o determinados familiares) aunque renuncien a ejercer dicha posición procesal (art. 416 LECrm)
Con ello lo que se pretende, según narra la STS 10 de julio 2020, es protege a las víctimas de violencia de género frente a posibles coacciones de su agresor para que no declaren contra él, después de haberle denunciado.
El criterio establecido en la Sentencia de Pleno de 10 de julio de 2020 en cuanto a la dispensa del 416 LECrm, ha generado bastante debate en cuanto a las consecuencias practicas que conlleva que la víctima que se constituye en acusación particular no puede acogerse a la dispensa aunque posteriormente decida no seguir como acusación particular y está obligada a declarar como testigo. Al respecto de este debate se han generado tres votos particulares, uno lo formula De Moral (al que se adhiere Llarena) otro formulado por Del Arco, y otro, por De Porres.
