El impago de pensiones alimenticias o compensatorias puede acarrear consecuencias penales graves. Defendemos estos casos analizando las circunstancias económicas reales y buscando soluciones alternativas.

Analizamos minuciosamente la capacidad económica real del imputado, cambios en su situación laboral o personal, y cualquier circunstancia que pueda justificar la modificación de las medidas. No todos los impagos constituyen delito si se demuestra la imposibilidad real de pago.

Trabajamos en la búsqueda de soluciones: fraccionamientos de pago, modificaciones de medidas por cambio de circunstancias, acuerdos con la parte contraria, y cuando es posible, la regularización de los pagos para evitar el procedimiento penal.

Conocemos la jurisprudencia específica sobre el delito de impago de pensiones, los elementos del tipo penal, las causas de justificación y las alternativas procesales disponibles. Cada caso requiere una estrategia defensiva personalizada.

Porque el objetivo es encontrar soluciones que protejan tanto los derechos del alimentista como las posibilidades reales del obligado al pago, evitando cuando es posible las consecuencias penales.